El pasado día 22 de febrero, se aprobó el Real Decreto-ley 3/2013, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, modificándose así, la tan discutida y muy injusta (en mi opinión) Ley 10/2012, de 20 de noviembre, reguladora de las tasas judiciales.
Ayer, 22 de Noviembre de 2012, entró en vigor la temida Ley 10/12, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Con la aprobación de esta ley, tanto los particulares como las empresas (personas físicas o jurídicas) que quieran interponer un procedimiento judicial en reclamación de la defensa de sus derechos, deberán pagar, además de los ya gastos habituales de abogado y procurador, una tasa al Estado para poder iniciar un procedimiento judicial.