Para el supuesto de que la persona que fallece, el causante, lo haga sin dejar testamento, la ley establece el orden sucesorio que deberá seguirse.
La regulación la encontramos en los artículos 442-1 y siguientes de la Ley 10/2008, de 10 de julio, reguladora del Libro Cuarto del Código Civil de Cataluña.
En Catalunya cuando propietario e inquilino suscriben contrato de arrendamiento, la fianza debe ser depositada en el registro del INCASOL (Institut Català del Sòl), de conformidad con lo que establece el Decreto 147/1997, de 10 de junio, mediante el que se regula el Registro de fianzas de los contratos de alquiler de fincas urbanas y el depósito de las fianzas.
El plazo para depositar la fianza es de dos meses a partir de las fecha del contrato de alquiler y debe depositarse una mensualidad en caso del alquiler de una vivienda, o dos mensualidades en caso de que se alquile un local.
Cuando matrimonios o parejas de hechos con hijos comunes a su cargo ponen fin a su relación, ya sea por acuerdo mutuo o por resolución judicial, se establece, entre otras medidas, el importe en concepto de pensión de alimentos que deberá abonar el progenitor que no ostente la guarda y custodia de los hijos.
Dicho importe se fija teniendo en cuenta las necesidades de los menores y las posibilidades económicas del progenitor que viene obligado al pago, por lo que, el importe viene determinado por una serie de circunstancias tales como gastos comunes del menor y sueldo y demás emolumentos que perciba el progenitor no custodio.
Al tratarse de la resolución de un contrato de arrendamiento de carácter indefinido o más conocido como alquiler de renta antigua, anterior al año 85, está sometido a la prórroga forzosa de la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, por lo que, es obligatorio para el arrendador (el propietario) prorrogar el contrato anualmente de forma indefinida, hasta que fallezca el arrendatario o éste decida rescindir el contrato.
Una de las muchas cuestiones que se plantean los ciudadanos y profesionales del derecho ante una separación judicial o divorcio, es sí la plaza de aparcamiento o garaje titularidad de ambos cónyuges queda incluída dentro del concepto de domicilio familiar o, dicho de otro modo, sí al cónyuge al que se le adjudique el uso del domilio familiar tambíen se le adjudica el uso de la plaza de garaje.
Para poder resolver esta cuestión, debemos diferenciar dos periodos:
La regulación de la Ley nº 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal establecía que para la segregación o división de un elemento privativo dentro de la comunidad de propietarios, esto es, un piso o un local, era necesaria la autorización previa de la Junta de la comunidad de propietarios.